miércoles, 17 de junio de 2009

Ley de transparencia y acceso a la información pública

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en uno de sus fallos que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano. Se define a la información pública (en adelante IP) como toda aquella información en poder del Estado o en empresas que cuenten con capital estatal o miembros designados en sus directorios.

El acceso a la información pública como derecho humano es una vía para garantizar otros derechos. El acceso a la información pública es una herramienta esencial para la promoción de la transparencia y de algún modo, un buen remedio para controlar la corrupción.

A lo largo de la última década varios países de nuestra región han promovido leyes de acceso a la IP con reglamentos claros y órganos de aplicación y control independientes y profesionales. Ejemplos de ellos son México, Perú, Colombia y más recientemente Chile y Uruguay.


En 2000, la Oficina Anticorrupción puso en marcha el mecanismo de elaboración participada de normas y produjo un anteproyecto de ley de acceso a la IP que el Presidente Duhalde envió al Congreso. Éste y otros proyectos fueron discutidos en la Cámara de Diputados que le dio media sanción y contó con el apoyo de importantes organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación. Sin embargo, el debate se embarró en el Senado gracias a las modificaciones que lograron introducir los senadores Jorge Yoma y Cristina Fernández de Kirchner. Diputados no insistió con su proyecto y la ley quedó en la nada.

Una parte de la biblioteca sostiene que no es necesaria una ley para activar el derecho de acceso a la IP. Sin embargo, la puesta en vigencia a fines del 2003 del decreto 1172 en el ámbito del Poder Ejecutivo demuestra que la administración efectivamente necesita de una ley y su correspondiente reglamento y autoridad de aplicación para garantizar el derecho de acceso a la IP.

Conociendo la reticencia de los Estados a proveer información al público, los organismos internacionales recomiendan la sanción de leyes, la creación de autoridades de aplicación autónomas e independientes, la capacitación de los funcionarios públicos y la implementación de campañas educativas respecto del uso de este derecho.

Las nuevas tecnologías de información ayudan a administrar los pedidos y las respuestas que dan los organismos públicos. También colaboran - y mucho, con la política de documentación y archivos que es indispensable para administrar, cuidar y resguardar el patrimonio documental de todo Estado democrático. Las nuevas tecnologías provocan la emergencia del fenómeno de la 'transparencia activa' ya que el Estado no se comporta reactivamente frente a los pedidos de información pública, sino que establece estándares de publicidad de información en Internet.

Argentina tiene una deuda con el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Debe imitar los ejemplos de países vecinos que no sólo han avanzado en la aprobación de leyes de acceso a la IP sino que dan cumplimiento efectivo de este derecho impactando positivamente no sólo en evaluaciones internacionales sino también en la calidad de vida de la ciudadanía.

Pensar una ley de acceso a la IP implica definir el objeto (qué es información pública), los sujetos obligados a entregarla, las formas de petición, la política de archivos y documentación, los estándares de transparencia activa, la capacitación de los funcionarios y la ciudadanía, las sanciones, el diseño de la autoridad de aplicación, y, el presupuesto necesario para ponerla en marcha, entre otro.


Hoy la ventaja de nuestro atraso es que sobran los buenos ejemplos, leyes adecuadas y modernas, y, efectivos órganos de aplicación.

En su Bicentenario, Argentina tiene la oportunidad de saldar esta deuda en materia de cumplimiento de este derecho humano, promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción. En el Congreso varios proyectos de ley de legisladores de distintas extracciones tienen hoy estado parlamentario, asumo entre mis compromisos producir un proyecto de ley que repuna lo mejor de los presentados e incorpore nuevos aspectos de la política de acceso a la información pública. Es pero que ello sirva no sólo para promover el debate sino también para sancionar la ley y saldar una vieja deuda.

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