sábado, 11 de julio de 2009

Apuntes para la reforma electoral

Desde 2007, parece existir cierto acuerdo en que el sistema de boleta única favorecerá la transparencia de las elecciones. Se trata de un paso necesario y obligatorio previo a la introducción de nuevas tecnologías de votación. En materia de independencia y autonomía en la organización de las elecciones, debemos avanzar en el traspaso de las atribuciones electorales y los recursos presupuestarios desde el Ministerio del Interior a la Cámara Nacional Electoral.

El sistema de autoridades de mesa existente demuestra la realidad de nuestros tiempos. No podemos darnos el lujo de dejar en manos de autoridades de mesa mayormente inexpertas y de los fiscales de los partidos, la responsabilidad del escrutinio de cierre y la carga de los telegramas. El Registro Voluntario creado para estas elecciones por la Cámara Electoral ha demostrado que miles de ciudadanos están dispuestos a colaborar, capacitarse y trabajar durante la jornada electoral. Construir, formar y remunerar correctamente a un cuerpo profesionalizado nos permitirá evitar futuros dolores de cabeza.

Es fundamental que regulemos la observación electoral internacional y nacional para permitir que terceros expertos e independientes, analicen el funcionamiento del régimen electoral y recomienden reformas para su fortalecimiento. Nicaragua, México, Ecuador, Perú y otros tantos países de la región han sabido aprovechar estas misiones para sortear viejas prácticas fraudulentas. Con este mecanismo, atrocidades recientemente reflejadas por informes periodísticos, podrán ser más difíciles y por tanto controlables.

Otras dos cuestiones interfieren negativamente afectando el principio de equidad en la competencia electoral: el desvío o el mal uso de recursos públicos en campañas políticas, y, la desigualdad en el financiamiento de las campañas. Por suerte, no es necesario inventar la pólvora. En México, Brasil y Chile las leyes han avanzado con límites, controles y sanciones.

¿Qué recursos públicos limitar en campañas políticas? La publicidad oficial salvo en casos de emergencia o catástrofe nacional, la inauguración de obras públicas o el anuncio de nuevos planes, la entrega de beneficios y planes sociales. Todo debería limitarse durante el período legal de las campañas electorales. Las sanciones deben ser preferentemente pecuniarias y administrativas (suspensión de aportes públicos y multas a los partidos, e inhabilitación para ejercer cargos públicos para funcionarios y candidatos, por ejemplo) aplicables a funcionarios, candidatos y partidos políticos.

A fin de acortar la brecha de la desigualdad electoral, proponemos limitar la compra de publicidad televisiva por parte de los partidos políticos imitando las experiencias de Brasil y Chile. Asimismo, debería acortarse de 32 a 14 el período de días previo al comicio permitido para la emisión de publicidad electoral en televisión. Estas limitaciones obligarían a los partidos a utilizar nuevas tecnologías de información más baratas y masivas como los sitios web, blogs, correos electrónicos o mensajes de texto.

El Congreso nacional tiene una deuda que debe saldar antes de 2011. Sería importante detectar las lecciones aprendidas del reciente proceso de reforma electoral en nuestra querida provincia de Córdoba. Para profundizar los necesarios cambios, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberían encarar reformas similares y un proceso de fortalecimiento de la independencia y la autonomía de sus respectivas autoridades electorales.

Los procesos legislativos son lentos y graduales aunque no pueden ser eternos. En este caso, sería ideal que se produzcan las reformas al menos un año antes de la próxima elección presidencial. Mantener la mirada ciudadana atenta y alerta sobre el trabajo de las comisiones legislativas y los legisladores hará que esta agenda de reformas avance a paso firme. La demanda social no sólo puede contribuir a sostener el ritmo del debate, también puede y debe acercar propuestas e ideas para enriquecerlo.

Columna publicada por el Diario La Nación. 11 de julio de 2009, página 17.

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