lunes, 13 de julio de 2009

La reforma política debe ser discutida en el Congreso

En agosto de 2003, el decreto 592 creó la Comisión para el Análisis y el Estudio de la Reforma Política, integrada por el Ministerio del Interior y la Subsecretaría para el Fortalecimiento Democrático, que convocó a expertos, entidades civiles y partidos políticos a apenas un par de reuniones. En el sitio web del Ministerio todavía figura la nómina de temas a estudiar y las propuestas que presentaron las ONG, legisladores y ciudadanos interesados. A la fecha no se conoce que desde allí se haya promovido la llegada al Congreso de algún proyecto de ley.

Corrido por el humor social que luego se vería reflejado en las urnas el 28 de junio, el gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de adelantamiento de las elecciones. La fijación del calendario electoral había sido producto de una reforma introducida por el Congreso después de la profunda crisis de 2001. No importó. Idéntica y fatídica suerte había corrido la ley de internas abiertas. “Lo que debo decir es que esa ley nunca estuvo en vigencia, nunca se cumplió y siempre se suspendió”, dijo un senador del oficialismo al argumentar en favor de su derogación en la sesión de diciembre de 2006.

La historia indica que cada vez que se habla de reforma política y electoral en la Argentina, nada sucede. O peor, cuando de ella no se habla, suceden terribles episodios, como los mencionados, que atentan contra la calidad institucional. Con todos estos antecedentes, el anuncio presidencial puede parecer importante pero no alcanza: es –como siempre– sólo un anuncio más.

Además de discutir e implementar un nuevo sistema de selección de candidatos partidarios, sería importante recordar otras cuestiones fundamentales de la reforma pendiente: la eliminación de listas colectoras y espejo, el traspaso de las atribuciones electorales del Ministerio del Interior a la Justicia, una nueva política de identificación de personas en manos de un órgano independiente o de la Justicia, la depuración de los padrones partidarios, los límites y las sanciones al uso de los recursos públicos en las campañas, y, la prohibición del uso de los nombres propios de funcionarios en la publicidad oficial como forma de propaganda política, entre tantos otros puntos.

Si el Ejecutivo tuviera un auténtico interés por promover propuestas de reforma ante el Congreso Nacional, debería aplicar el sistema de elaboración participativa de normas que entró en vigencia a fines de 2003. Se trata de un proceso bien regulado que obliga a la administración a tratar todas las intervenciones provenientes de la sociedad civil. Así marcaría un cambio importante en el estilo del gobierno. Indicaría una clara apertura a la deliberación y la participación ciudadanas.

Sabiamente, nuestra Constitución Nacional pone al Congreso a la cabeza de la discusión de las reformas políticas y electorales. Se trata de la institución de representación y deliberación por excelencia. Existen allí decenas de proyectos de ley que deberán ser discutidos este año o el próximo. El Ejecutivo podrá seguir haciendo anuncios. Sólo el Congreso puede y debe legislar en la materia.

Columna publicada por el Diario Crítica de la Argentina el domingo 12 de julio de 2009.

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