miércoles, 17 de febrero de 2010

Una nueva ley para los DNU

La Constitución es clara. Clarísima. Prohíbe que los presidentes emitan disposiciones de carácter legislativo. Sólo en casos “excepcionales” pueden emitir decretos de necesidad y urgencia para que luego sean inmediatamente tratados y ratificados (o no) por el Congreso.

Esta reforma se introdujo en 1994, y recién en 2006 el Congreso, de amplia mayoría kirchnerista, aprobó una ley híbrida que ha servido para violentar al sistema republicano en varias ocasiones. Según cierta interpretación poco afecta al control parlamentario de la ley de 2006, un DNU queda ratificado con la aprobación de una sola Cámara.

Parece increíble pero es real. Todo lo que aprendimos en la escuela –que las leyes son aprobadas por las dos Cámaras del Congreso– quedó tapado de un plumazo entre mayorías automáticas e interpretaciones de dudoso carácter constitucional. Las cosas han cambiado.

El Congreso tiene una nueva conformación de mayoría opositora en ambas Cámaras. Éste es el momento ideal para “pedirle perdón” a la Constitución Nacional y aprobar una ley que efectivamente limite el uso de los DNU. Kirchner firmó un DNU cada cinco días. Menem, De la Rúa y Duhalde no se quedaron atrás. Todo ello ha ido en desmedro del Congreso de la Nación, pero, fundamentalmente, de la ciudadanía misma. Algo de lo que deberíamos tomar conciencia: cada vez que se dicta un DNU, no se soslaya a la oposición, sino que se sustrae una cuestión de la discusión pública y de la participación de toda la sociedad representada en el Congreso. Lo que significa menos democracia.

Las distintas mayorías políticas en los últimos 15 años abonaron este camino desinstitucionalizante. Proponemos una nueva ley que limite al máximo el uso de los DNU, que requiera que el presidente precise el carácter excepcional de una medida de este tipo, que debe ser excepcionalísima, y dé cuenta de la efectiva necesidad y urgencia.

La nueva ley debe establecer la concurrencia del jefe de Gabinete de Ministros a la comisión bicameral para explicar las razones de la excepción y solicitar su ratificación al Congreso. Asimismo, deberá garantizar la convocatoria automática a sesionar de ambas Cámaras y darles legitimidad a los legisladores para requerir la declaración de nulidad de los DNU, por falta de causa y por el cercenamiento del derecho a participar de modo regular en la voluntad legislativa.

Finalmente, un DNU sólo podrá ser ratificado expresamente por ambas Cámaras legislativas.

Ésta no es sólo una ley para limitar el estilo decretista de gestión presidencial que ha atrofiado al sistema republicano en las últimas décadas. Ésta es una ley para cimentar un cambio profundo en nuestro sistema político, que permita recuperar el control parlamentario y judicial en el proceso de formulación de políticas públicas. Una ley para un final de época.

Publicada en el Diario Crítica en 17 de febrero de 2010.

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