jueves, 15 de noviembre de 2012

No al per saltum

Les dejo la versión taquigráfica de mi discurso fundamentando nuestro voto negativo al 'per saltum'.


Sra. Alonso (L.).- Señor presidente: para su no sorpresa voy a adelantar el voto negativo del bloque del PRO al tema en tratamiento, y voy a hablar poco del per saltum y mucho del sistema político institucional argentino.

                        No voy a hablar del hiperpresidencialismo porque creo que en esta última década hablar de ese tema es demodé. Voy a hablar del gobierno de excepción, del gobierno de la excepcionalidad o del gobierno del vale todo. El debate que se plantea hoy es muy útil para revisar qué viene sucediendo con el sistema republicano, representativo y federal de gobierno que establece nuestra Constitución Nacional y lo que ha sucedido con él en las dos últimas décadas.

                        También quiero hablar de la baja calidad de la democracia argentina, porque la calidad de nuestra democracia es baja y lo es porque la Constitución no se cumple. La Constitución se estira, se burla y cada tanto, cuando se puede, la salteamos para sacar alguna medida que nos convenga a la coyuntura, sea cual sea el gobierno.

                        Por eso voy a hablar de las dos últimas décadas para que nadie se sienta aludido directamente, aunque si quieren sentirse aludidos directamente pueden hacerlo. Creo que ni la que habla en este momento ni muchos de los colegas diputados ni muchos millones de ciudadanos nos resignamos a vivir en una democracia de baja intensidad o en una democracia delegativa como le gustaba calificar a un maestro de muchos politólogos, Guillermo O’Donnell.

                        El sistema político argentino vive, como mínimo desde hace dos décadas, con o sin crisis económica, con recesión o con crecimiento a tasas chinas, con más o menos pobreza, con más o menos empleo, en el margen y al margen de la Constitución Nacional.

                        Entonces me pregunto -y si quieren pueden hacerlo también conmigo y cada uno encontrará una respuesta- por qué nos cuesta tanto respetar los límites que impone la Constitución, por qué le ha costado tanto a la presidenta de la Nación, que es una gran conocedora de los límites que establece nuestra Carta Magna, porque nadie puede negar que si hay alguien que en el sistema político argentino conoce los límites que marca la Constitución es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué le ha costado y le cuesta tanto a la presidenta respetar los límites, y los traspasa y burla directa, indirecta o perversamente cada vez que puede?

                        Señor presidente: yo decía hace dos años -en esa época usted no presidía el cuerpo-, cuando discutimos un proyecto de ley para controlar los decretos de necesidad y urgencia, que esto es un simulacro de debate. Hoy hay un simulacro de deliberación parlamentaria y lo que tenemos en la Argentina es una parodia democrática porque la Constitución no opera a pleno. Hoy la Constitución no está funcionando a pleno, y en la Argentina no hay efectividad en el control republicano y tampoco en el judicial y en el administrativo, y ni siquiera en el ciudadano. Porque al Poder Ejecutivo no le importa –ni este ni otros anteriores- no le importa la Constitución ni los límites legales. Este es un problema grave y quiero plantearlo en este tono, sin que nadie se sienta ofendido, porque me parece que condena y sigue condenando a la Argentina a un camino de fracaso, que es no entender que hoy esté como esté el marco institucional que le permitió a la Argentina ser una de las potencias del mundo y una de las mayores economías del mundo.

                        Hablando de la democracia, la presidenta da una pobre definición que muchos aquí repiten. Es una fórmula muy simple, bastante básica: “Se vota cada dos años, si no le gusta el gobierno haga un partido y gane las elecciones”. En esa concepción de la democracia, muy limitada, no hay deliberación ni negociación política; lo único que hay es sometimiento.

                        Esa concepción tan pobre –con todo respeto-, ya entrado el tercer milenio, se parece más a un autoritarismo competitivo que a una democracia plena, con república y con sistema federal.

                        Detrás de la consigna “Vamos por todo” y “A no aflojar nunca jamás” se esconde un palpable riesgo autoritario para nuestro sistema político. Este riesgo autoritario ya fue advertido por O’Donnell en 2010, cuando decía: “Hay un riesgo autoritario en la Argentina. No tanto cuando se comete el despropósito de caer en los insultos, sobre todo en estos comentarios muy negativos hacia el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Son muy amenazantes. Porque si lo dijeran en serio, tuvieran razón y pudieran, la conclusión es que hay que eliminar o sojuzgar por completo a esos poderes”.

                        Eso lo decía en 2010 O’Donnell, que sabía mucho de democracias delegativas y de líderes delegativos que desprecian a las instituciones y al control republicano.

                        Entonces, me pregunto cómo le fue en estos veinte años al sistema republicano y federal en la Argentina. El primer capítulo de esta historia trágica o de decadencia institucional es el de los decretos de necesidad y urgencia.

                        Pongamos en dimensión el problema de los decretos de necesidad y urgencia, porque su uso indiscriminado, cuando no hay necesidad ni urgencia, en realidad lo que demuestra es que no hay respeto ni interés por el debate y la deliberación parlamentaria. Y cuando no hay debate ni deliberación parlamentaria, ni el pueblo ni las provincias se pueden expresar a través de sus representantes, o sea, nosotros, los que estamos acá, que representamos al pueblo, y nuestros vecinos de consorcio, los senadores, que representan a las provincias.

                        El decreto de necesidad y urgencia se transformó en un procedimiento para fortalecer los rasgos de estilo autoritario de una presidencia, con o sin crisis, e inclusive con mayoría parlamentaria propia.

                        Yo me hago varias preguntas cuando leo qué decretos de necesidad y urgencia se han firmado en los últimos veinte años. ¿Alguien me puede explicar la necesidad y urgencia de un decreto que fija feriados nacionales? ¿Alguien me puede explicar la necesidad y urgencia de un decreto que le cambia el nombre a un ministerio? Les pido que me contesten con la mano en el corazón y en la Constitución: ¿hay necesidad y urgencia de firmar un decreto que le cambia el nombre a un ministerio?

                        Lo que demuestran estos tristes decretos de necesidad y urgencia es el desdén, el desprecio a la deliberación democrática y al control republicano.

                        Ustedes saben que me gusta citar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, con esta cita del año 2000 respecto de los decretos de necesidad y urgencia que me da una vez más la razón. Decía la entonces diputada de la Nación Cristina Fernández que la práctica establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las leyes mediante el uso de los DNU y que hoy goza de buena salud, ha desnaturalizado el rol del Poder Legislativo y violentado la letra constitucional.

                        Entonces, el primer capítulo de la violación de la Constitución Nacional es el de los decretos de necesidad y urgencia.

                        Quiero pasar al segundo capítulo: los superpoderes presupuestarios y la reforma de la ley de Administración Financiera.

                        La verdad es que, en este caso, no le puedo echar la culpa a la administración de la época menemista, que si bien fue la que incorporó los superpoderes y la delegación de facultades presupuestarias al Ejecutivo, es cierto que la permanencia de esos superpoderes fue votada por este Congreso allá por 2006.

                        Entonces, a los DNU se les acoplaron los superpoderes presupuestarios que ya venían del menemismo y que una vez en el gobierno el kirchnerismo abrazó con un amor y una ternura estratégicos. Mientras tanto, cuando no eran gobierno, algunos se llenaban la boca votando en contra de los superpoderes, pero cuando fueron gobierno y se dieron cuenta, fueron un poco más allá y los transformaron en permanentes, despreciando nuevamente al Congreso de la Nación y eliminando la deliberación y las voces del pueblo representado aquí, y las de las provincias, en la discusión del presupuesto.

                        Hoy hablamos del per saltum, pero yo quiero hacer historia para darnos cuenta, definitivamente, de a dónde estamos llegando.

                        Gracias a los superpoderes que buscaron hacer al Poder Ejecutivo superpoderoso, tenemos como contracara la superdebilidad del Congreso y la destrucción del federalismo.
                        ¿Por qué el federalismo se ha destruido? Porque la Casa Rosada tiene la chequera. Hace veinte años los senadores peleaban en el recinto por el presupuesto de sus provincias. Hoy los gobernadores, gracias a la consagración permanente de los superpoderes promovida por el kirchnerismo, bajan la cabeza y aceptan lo que la Casa Rosada les da, como mendigos, a pesar de ser gobernadores electos por el voto popular. Y los que no bajan la cabeza sufren las consecuencias, y también las sufren sus provincias.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Sra. Alonso.- Entonces, sumado a los DNUs, la excepcionalidad de la Constitución impuesta por los superpoderes sigue profundizando el camino equivocado del desprecio a las instituciones republicanas, a la representación del pueblo y de las provincias.

                        En un estudio reciente, una ONG llamada Chequeado.com –fíjense ustedes cómo opera la cuestión de los superpoderes en una cuestión concreta como es el manejo de los recursos‑ reveló que, a través de los superpoderes, se han modificado miles de millones de pesos del presupuesto por DNU por decisiones administrativas del jefe de Gabinete.

                        La trampa ni siquiera radica en cuánto es el volumen de lo que se modifica de la ley de presupuesto aprobada por el Congreso todos los años, si no en la mentira de la subestimación de ingresos. Ahí es cuando el Ejecutivo miente respecto del cálculo de ingresos.
                        Lo que crea es la caja de los superpoderes, es decir, la caja que va a administrar con DNU y con disposiciones administrativas del jefe de Gabinete.

                        Entonces, para que todos tengamos una idea, el año pasado esa caja fue de 89.000 millones de pesos, de los cuales 45.000 millones se redistribuyeron a través de DNUs de la Presidencia. 34.000 millones se los regalamos a Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros –sin que medie siquiera un DNU-, quien con una mísera disposición administrativa puede manejarlos en un año electoral.

                         Esta es la realidad de la decadencia institucional de la Argentina y de la democracia con riesgo autoritario. Se trata de una democracia parcial, cada vez más débil, que se hiperconcentra en el Ejecutivo y borra del mapa al Congreso. Efectivamente, lo utiliza de escribanía cuando la mayoría parlamentaria se sienta en este recinto una vez cada tanto porque no se puede firmar un DNU. Y vota lo que la presidenta ordena y manda.

                        Existe un capítulo más después de los DNU y los superpoderes. Me refiero a los entes reguladores y los órganos de control.

                         Este es el siguiente capítulo de la debacle institucional de la Argentina. Yo sé que a muchos no les importa pero a mí sí, al igual que a muchos de los que me han votado.

                        Hace poco tiempo advertimos un intento por descabezar la Auditoría General de la Nación, pero tuvimos la suerte de que no se pudiera ir más allá en función de que la Constitución es muy clara en su articulado.

                        Entonces, no hubo posibilidad de hacer interpretaciones alocadas o análisis perversos que son bastante corrientes últimamente en algunos sectores y actores de la política argentina. Pero analicemos el estado de situación de los órganos de protección de derechos, de control y de rendición de cuentas. Tomo como fuente un estudio de cuatro ONG: ACIJ, ADC, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, y voy a leer la lista ‑porque son órganos de control y entes reguladores de servicios públicos‑ para que entendamos cuál es la conexión entre la baja o nula calidad institucional y la vida concreta y cotidiana de las personas.

                        Comisión Nacional de Regulación del Transporte: intervenida; Comisión Nacional de Comunicaciones: intervenida; ENARGAS: intervenido; ENRE: incompleto; Comisión Nacional de Etica Pública: nunca fue creada; Defensoría del Pueblo: vacante desde la renuncia de Mondino en el año 2009; Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: acéfala; INADI: intervenido; Procuración Penitenciaria: designación provisional precaria; Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: vacante, nunca hubo una designación.

                        Entonces, vamos de los DNU a los superpoderes presupuestarios, a los entes reguladores, a los órganos de control y a los órganos de protección de derechos humanos, porque no estoy hablando de los derechos de los animales.

                        Entonces, no quedan dudas de que vivimos en el gobierno de la excepcionalidad, y que ya ni siquiera le cabe la categoría de democracia delegativa, que alguna vez estableció Guillermo O’Donnell. Este es el gobierno del vale todo, y en el vale todo no hay límites.

                        Entonces, esto es un simulacro; la Constitución es letra muerta, y si no empezamos a darnos cuenta de que estamos llevando a la Argentina a una encerrona, muchos de los que sientan acá y levantan la mano o ponen el dedo automáticamente van a ser responsables de la crisis política que se avecina sobre nuestro sistema democrático.

                        Hoy quieren discutir el per saltum, y yo vengo diciendo que el per saltum es a la Justicia lo que los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes han sido al Congreso de la Nación. Busca eliminar todas las garantías del debido proceso que están establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.

                        Yo estoy harta de las excepcionalidades y de las interpretaciones locas de la necesidad y urgencia cuando no existe ni necesidad ni urgencia, o del uso de la cadena nacional ‑como está sucediendo en este mismo momento‑ cuando no hay ni trascendencia institucional, ni gravedad, ni excepcionalidad.

                        En el gobierno del vale todo nos proponen ahora discutir el per saltum. Si los DNU dibujaron al Congreso y se sumaron los superpoderes, en realidad lo que tenemos acá es un intento claro de poner en riesgo al único poder del Estado que funciona, con ineficiencia, con déficit, pero todavía funciona.

                        Nosotros no vamos a acompañar el último apriete, el apriete sobre la Corte; no vamos a acompañar una historia de demolición institucional de la República Argentina, que empezó antes del kirchnerismo, pero que éste, evidentemente, ha profundizado con el uso indiscriminado de decretos de necesidad y urgencia, sin necesidad ni urgencia, y con la consagración permanente de los superpoderes.

                        Para el PRO y para millones de argentinos que leemos y entendemos la Constitución, la democracia no es votar cada dos años, como algunos creen. La democracia plena para nosotros ‑porque lo dice la Constitución‑ es limitar el poder y poner en marcha todos los mecanismos de control, políticos, judiciales, administrativos y participativos, para evitar desbordes y riesgos autoritarios.

                        Hace un año Liliana de Riz, que es socióloga, decía en un artículo: “Cuando no se avizora la posibilidad de alternancia, ni se ejercen los controles al ejercicio del poder que impidan la corrupción en el seno del Estado, la democracia degenera en autoritarismo”.

                        El sistema institucional argentino se resquebraja y se cae a pedazos. Se viven momentos de zozobra porque hay riesgo autoritario. Además, quien gobierna con decretos de necesidad y urgencia, superpoderes y per saltum, gobierna mal y al margen de la Constitución Nacional. Pero el problema no es ese presidente o esa presidenta. El problema son los costos que la crisis y el hundimiento de un gobierno van a traer a la Nación y al pueblo, a esa Nación y a ese pueblo que algunos dicen encarnar.

                        La democracia puede parecer tal, pero también puede haber muerto por medidas poco espectaculares pero acumulativamente letales.

                         Estemos atentos para que la reacción no llegue tarde. Yo creo que la reacción de la sociedad ya empezó. (Aplausos.)

3 comentarios:

  1. Hola Laura. Como te comente en FB mas allá de la pertenencia a un bloque hay quienes representan a mucha mas gente que su propio bloque como el caso de Roy Cortina y el tuyo.
    La intervención presente es una lección magistral de instrucción cívica y mas que un diagnostico una historia clínica de la democracia

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  2. Están destruyendo la República. ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos dentro de unos años, cuando nos pregunten dónde estábamos nosotros mientras nos llevaban a una tiranía? Tengo una carrera, una pequeña empresa y una familia en este país, y realmente estoy desesperado.

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  3. Cuánta verborragia, me sorprende mucho tu pseudo espiritu republicano, el mismo que tiene el procesado jefe de la Ciudad con 107 vetos violando la constitución local,y las dos veces que se cerro el congreso por el pedido del proyecto de abogado y legislador de Ritondo, ah sobre el tema del derecho a la información te recuerdo que el Alcalde porteño veto la ley votada por amplia mayoría y jamas leí queja alguna, de ésto y de otras cosas, Laura Alonso das ASCO como congresista.

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