martes, 11 de junio de 2013

Imposible saber cuánto nos cuesta un viaje de Cristina

En los últimos años acceder a información pública se ha vuelto casi una misión imposible. No importa de qué tipo de información se trate. Información personal, sueldos de funcionarios, ejecución de obra pública u obsequios recibidos por la Presidenta, son algunos de los ejemplos de información pública que se encuentra vedada a la ciudadanía. ¿Qué es lo que se está ocultando? ¿Por qué se oculta información? Para muestra, basta un botón, dicen. Este es el relato de lo que fue finalmente sólo un “intento” por acceder a información pública.



La Presidenta viajó a los Estados Unidos en septiembre de 2012 en el marco de una visita oficial de cinco días: participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York,y tuvo actividades en Georgetown University, de Washington; y en Harvard, de Boston. El 26 de septiembre de ese año presenté ante la Secretaría General de la Presidencia, un pedido de información pública solicitando saber la flota aérea utilizada; el nombre, apellido, documento nacional de identidad y cargo de los miembros de la comitiva oficial, incluyendo periodistas y tripulación; el monto total de los gastos realizados; los costos diarios de alojamiento individual y viáticos de cada uno de los miembros de la comitiva; una copia de las rendiciones de gastos de hotelería y viáticos realizadas; y la agenda oficial. A su vez, presenté el mismo pedido en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 4 de octubre recibí una nota firmada por la Directora de Programas de Gobierno de la Subsecretaría General, Dra. Alicia Alonso. Decía que los viajes oficiales se publican en el Boletín Oficial y que los gastos están previstos en el Presupuesto Nacional, siendo de aplicación el Decreto 280/1995. El Ministerio de Relaciones Exteriores también me contestó con una nota donde explicaban que no les compete la organización y financiamiento de misiones oficiales.

No respondían lo que pedí. El 22 de octubre presenté una reiteración de solicitud. El presupuesto nacional autoriza los viajes oficiales con carácter general, pero no informa el detalle. Quería saber lo que se había gastado y no lo que estaba presupuestado.

El 1 de Noviembre recibí una nota en donde remiten al Decreto 1744/12, publicado en el Boletín Oficial el día 31 de Octubre. Y agregan que el resto de la información solicitada no se encuentra en el organismo, y que para dármela tendrían que “crearla”, recabando información de diversas áreas de gobierno y contradiciendo el artículo 5 del Reglamento General de Acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional -que establece que el organismo al que se solicite información pública no está obligado a crearla o producirla-. También me responden que en tiempo oportuno, la información relativa a los gastos será remitida a la Oficina Nacional de Presupuesto y que en mi carácter de Diputada Nacional podré verla y analizarla.

Seguían sin darme una respuesta y por eso hice una denuncia en la Oficina Anticorrupción el 21 de noviembre. El 17 de enero me contestaron y enviaron la copia del descargo que realizó la Secretaria General de la Presidencia. Entre otras cosas, explican que la información respecto de los DNI de los miembros de la Comitiva no fue incluida en el Decreto publicado en el Boletín Oficial y que para poder dármela debían requerirla a los organismos a los que pertenecen esas personas, lo cual implicaría “producir” información. Pero según el Decreto, junto a la Presidenta viajaron once personas -miembros de Presidencia, Jefatura de Gabinete, de la Secretaría General y de la Secretaria Legal y Técnica-. Difícilmente incluir esos datos en la respuesta pueda considerarse “crear o producir información”. Lo mismo sostiene respecto de los gastos, que son liquidados por cada jurisdicción. Y sobre la tripulación del avión, aducen que es información que no me pueden brindar por “cuestiones de seguridad”.

El 8 de febrero, respondí mis observaciones: no era cierto que esa información deban crearla o producirla. El 21 de marzo la Oficina Anticorrupción me notificó sobre el pase del expediente a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (SRIFD), autoridad de aplicación del Decreto, dando por finalizada su actuación en el caso.

Ocho meses después del pedido original, recibí una nota de la SRIFD que decía “se le recuerda a la Diputada Alonso que la finalidad del Decreto1172/2003 no es simplificarle el trabajo”. Y se me sugiere “aprovechar los medios disponibles que tiene a su alcance en su condición de diputada para recopilar, clasificar o producir, toda la información de acceso público, como la publicada en el Boletín Oficial, que considere oportuno, evitando dispendios innecesarios de parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Debilidades del sistema establecido por el Decreto 1172/03 -como la incapacidad de la autoridad de aplicación para aplicar sanciones, así como su rol de sujeto obligado y autoridad de aplicación al mismo tiempo, como ejemplos- lo explican.

Hasta aquí, el relato de cómo acceder a información pública en Argentina. Y éste es solo un ejemplo, entre tantos otros. Será por eso que nuestro país se encuentra entre las naciones peor evaluadas en lo que a satisfacción de derecho de acceso a la información se refiere. Debilidades del sistema establecido por el Decreto 1172/03 -como la incapacidad de la autoridad de aplicación para aplicar sanciones, como su rol de sujeto obligado y autoridad de aplicación al mismo tiempo, como ejemplos- lo explican. El Ranking Global del Derecho a la Información Pública ubica a la Argentina en el puesto 75 de un total de 89 países. Tenemos 66 puntos de un total de 150. 

Este es un ejemplo entre tantos otros. Nos recuerda la necesidad imperiosa de que Argentina cuente finalmente con una Ley de Acceso a la Información que contemple los más altos estándares internacionales en la materia, así como el compromiso de quienes deben garantizar su cumplimiento, de permitir y facilitar con todos los medios a su disposición, que los ciudadanos accedamos a información pública. Es su obligación. Es nuestro derecho. 

-En el siguiente link podés consultar mi proyecto sobre una Ley de Acceso a la Información, elaborado y presentado en 2010 y representado en 2013: http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=113934

-Todos los documentos que describo podés verlos en este enlace:

http://pro.com.ar/lauraalonso/2013/06/11/imposible-saber-cuanto-nos-cuesta-a-los-argentinos-un-viaje-de-cristina/

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