lunes, 19 de enero de 2009

La impunidad de los corruptos

Con avances y retrocesos, la Justicia y la sociedad argentinas avanzaron en la investigación y la condena de la violación sistemática de derechos humanos cometida en la última dictadura. Sin embargo, poco o nada se ha logrado en materia de sistemática corrupción de funcionarios públicos y privados. Una nueva impunidad - la de los corruptos, se ha impuesto.

En las últimas dos décadas la Justicia ha iniciado múltiples investigaciones. Casi nadie ha sido condenado, casi nadie ha ido preso y definitivamente nadie ha devuelto un céntimo de lo robado. El saber popular dice que funcionario investigado jamás es condenado y que algunos procesos suelen acelerarse cuando el humor político así lo determina.

El sistema exige al juez que haga su trabajo pero no lo dota de los recursos necesarios. Como si esto no fuera suficiente, la política suele tentarlos, la burocracia los agota y algunos deciden renunciar para ocupar posiciones en la administración pública o dedicarse al ejercicio privado de la profesión atrasando notoriamente el avance de las investigaciones. Las vacantes son cubiertas por inconstitucionales jueces subrogantes, el Consejo de la Magistratura atrasa el llamado a concursos y el Ejecutivo anestesia las designaciones de nuevos jueces. Mientras tanto, el juez independiente no tiene un marco normativo adecuado que facilite la investigación ni la posibilidad de disponer de recursos humanos, económicos y tecnológicos idóneos con libertad y sin trabas.

El clima institucional perfecto para la impunidad de los corruptos.

Aclaración: Parte de esta nota ha sido publicada por el diario Clarín el 19 de enero de 2008.

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