martes, 6 de julio de 2010

Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura

Comparto mi intervención en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Nuestro bloque la votó afirmativamente. Espero que les interese y les sirva la lectura!

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Alonso.- Señor presidente: hoy estamos discutiendo algo más profundo que la reforma del Consejo de la Magistratura; estamos debatiendo sobre el derecho a la Justicia que tienen los ciudadanos que viven en nuestro país.

Cuando los jueces son independientes, idóneos y sus decisiones imparciales, los ciudadanos tienen garantías de que van a acceder a un proceso justo y que la sentencia será imparcial y objetiva.

Probablemente algo que hemos obviado, pero que ha mencionado la señora diputada preopinante, se refiere a esto: estamos discutiendo no sólo acerca del diseño institucional del Consejo de la Magistratura sino también de lo que implica avanzar en la profundización de garantizar el derecho a la Justicia que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.

Si bien la incorporación en 1994 del Consejo de la Magistratura generó polémica, provocó un cambio en el mecanismo de selección de los magistrados, que desde mi punto de vista es positivo comparado con el sistema anterior. Como bien decía el señor diputado Pérez, con el viejo sistema por el que participaban los órganos electos por el voto popular, en realidad se llenaban servilletas de amigos para ocupar cargos de jueces nacionales.

Lo que hoy tenemos es un sistema que por lo menos garantiza un mínimo de idoneidad técnica, convicción democrática e idoneidad moral de los magistrados con los que contamos. Por supuesto que el sistema siempre es mejorable, pero si lo comparamos con el que existía antes de la reforma constitucional concluiremos que ha generado avances respecto de la calidad de la administración del servicio de Justicia.

También es importante destacar que desde esa reforma constitucional se hicieron otros avances en lo que hace al Poder Judicial y a la Justicia. Uno de ellos –como bien lo reconoció el señor diputado Pérez‑ ha sido el cambio en el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Suprema que se introdujo a partir del decreto que firmó el presidente Kirchner en el año 2003. Ahora bien, ese decreto no se firmó porque se le ocurrió al presidente Kirchner sino porque había un grupo de organizaciones sociales que se aunaron bajo el nombre de una coalición llamada “Una Corte para la Democracia”, que promovió varios documentos para cambiar el mecanismo de selección por parte del Poder Ejecutivo. El ministro Beliz –en ese momento ministro de Justicia‑ se encargó de llevar esta propuesta al entonces presidente, que efectivamente firmó el decreto. Por supuesto, este nuevo mecanismo que provino de una iniciativa y una demanda de la sociedad civil, generó mejores designaciones en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora esta Corte –para seguir hablando de avances el Poder Judicial‑ no sólo está integrada por mujeres, cosa que antes no había sucedido, sino que también incorporó institutos como el del amicus curiae, o las audiencias públicas, que generan formas novedosas para aumentar la participación ciudadana en los distintos procesos.

Asimismo ‑como decía el señor diputado País en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales‑ esta Corte ha implementado y avanza en la instrumentación de las Reglas de Heredia para dar más garantías a la publicidad de la información judicial. Cabe señalar que en los últimos años se registran muchas dificultades en la accesibilidad de organizaciones sociales a algunos expedientes que tramitan causas judiciales de corrupción.

A partir de la reforma de 2006 también podemos detectar otros problemas. A diferencia de lo que han considerado otros, yo creo que la reforma de 2006 –o la llamada contrarreforma, como aquí se ha dicho‑ nos ha presentado la maravillosa oportunidad de que no sólo el Congreso discuta acerca de la Justicia y el Poder Judicial sino que lo pueda hacer toda la sociedad. En efecto hoy el acceso a la Justicia y a un servicio eficaz de administración de Justicia no es sólo un problema de las elites políticas sino también una preocupación de la sociedad.

Es evidente el desequilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura, alterando la manda constitucional que generó la reforma de 2006, pero también a lo largo de estos años hemos observado, por ejemplo, denuncias de corrupción y falta de transparencia en la realización de los exámenes escritos, y me remito y los remito al caso Tuppo en Paraná. También se han observado, y no sólo en estos últimos cuatro años sino en muchos años, dilaciones excesivas y denegatorias inconstitucionales para que cualquier ciudadano acceda a las declaraciones juradas de los magistrados, cosa que ha llevado y todavía lleva un gran trabajo a las organizaciones sociales, a cualquier ciudadano, y probablemente a cualquiera de los que estamos aquí.

Ha aparecido un nuevo fenómeno: el llamado “fenómeno de estoqueo” o acumulación de ternas en el Poder Ejecutivo, que ha generado la aparición de otro fenómeno mencionado aquí, cual es el de las subrogancias masivas y prolongadas. Pueden buscar en Internet, ingresando en Google, el famoso Concurso 140. Lo que se observa en el retraso y en las violaciones a todos los plazos en ese concurso es que muchas veces las estadísticas masivas del 95 o 96 por ciento de acuerdo soslayan el análisis sobre casos particulares. El Concurso 140 es un concurso estratégico para el poder político de turno y se refiere a las vacancias de cuatro juzgados federales estratégicos que tramitan las causas más trascedentes de corrupción que ha tenido la Argentina en los últimos quince años. Ese concurso, que lleva cinco años, todavía no se ha definido.

También han aparecido otros fenómenos, como expedientes disciplinarios que se abren por meses o años y no registran avances; cierres sorpresivos de expedientes disciplinarios cuando aparece una decisión judicial favorable a algún amigo del poder, y lo más llamativo –que acaba de reflejar recientemente una crónica periodística‑ es directamente el desinterés de potenciales excelentes candidatos a ocupar la magistratura que directamente deciden no competir, no presentarse o abdicar durante el proceso de presentación porque, como lo calificó una consejera de la Magistratura, los concursos tienen mala fama.

Evidentemente, la reforma que hoy estamos planteando es buena, porque no solo busca reequilibrar la composición del Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que manda la Constitución sino que introduce nuevos mecanismos para controlar algunas de estas situaciones y corregirlas.

Es evidente que esta reforma aumenta la transparencia y el control ciudadano sobre el Consejo de la Magistratura, como ya se ha dicho, pero quiero insistir sobre un punto importante referido al control. ¿Cómo lo entendemos? Desde nuestro punto de vista el control se refiere a la rendición de cuentas y a los controles horizontales a que debe estar sometido cualquier poder del Estado y también, a pesar de su especificidad, el Poder Judicial.

También se dice por allí que el Poder Judicial debe controlarse a sí mismo. La verdad es que el autocontrol podrá ser efectivo en los libros de autoayuda pero no es para nada recomendable en un sistema institucional.

En ese sentido, cuando hablo de control no me refiero a sometimiento, cooptación o disciplinamiento sino de abrirlo a instancias políticas, administrativas y sociales. Todos sabemos que si hay un poder en la Argentina que se ha escapado a los controles horizontales ha sido el Poder Judicial. En ese sentido, creo que esta reforma viene a agregar a la discusión la cuestión de los controles horizontales y el control de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Evidentemente, controlar no es sinónimo de recortar la independencia del Poder Judicial. Al contrario, controlar implica elevar los estándares, poner el ojo o la luz –como se dijo aquí- donde existe algún problema para garantizar la imparcialidad en las decisiones de los jueces y el derecho a la justicia que tienen los ciudadanos.

Otro punto del que se habla poco pero sucede mucho está referido a la corrupción en la Justicia. Se habla mucho de la corrupción de la política, de la corrupción de los empresarios, de la falta de ética de los que ejercemos la función pública, pero poco se habla de la falta de ética y la corrupción que también se ejerce en el ámbito judicial.

No podemos no decir acá que la corrupción judicial es una condición necesaria para que haya corrupción política y corrupción empresaria.

Entonces, también creemos que esta reforma, que busca introducir masivamente una cantidad de resortes vinculados a la transparencia, la publicidad de la información y la participación directa de organizaciones ciudadanas en un consejo consultivo, va en el sentido correcto, el de luchar contra la corrupción judicial, que evidentemente existe pero de la cual aparentemente nos cuesta mucho hablar.

No me voy a tomar todo el tiempo de que dispongo y solamente quiero reiterar que con esta reforma en realidad estamos ampliando el control sobre el Poder Judicial. No es una reforma donde solo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los abogados, los jueces y los académicos en el Consejo de la Magistratura van a tener una injerencia directa en el funcionamiento general del Poder Judicial, sino que también estamos ampliando esa participación a toda la sociedad.

Se mencionó aquí el documento de las organizaciones no gubernamentales. Este reciente documento hay que leerlo completo, porque si bien hace cuatro o cinco comentarios sobre los que se ha estado trabajando y que se van a incorporar como reformas durante el tratamiento en particular, también destaca avances en cuanto a la transparencia y a la publicidad de la información. De manera que los invito a que lean el dictamen en forma completa y no parcialmente.

Otro punto que no mencionó el expositor de uno de los dictámenes de minoría está referido al examen periódico –cada cuatro años‑ establecido en uno de los proyectos. La verdad es que sólo hay que remitirse al dictamen de minoría de la señora diputada Conti y a la observación del señor diputado Landau para entender por qué esa propuesta es inconstitucional. Cito lo que dice el señor diputado Landau al respecto: “Analizado en profundidad el proyecto que oportunamente suscribí, entiendo que dos artículos del mismo contienen normas que pueden ser tachadas de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto se convierta en ley y fueran cuestionados judicialmente por algún magistrado nacional o federal.”

Señor presidente: si hubiésemos incorporado esto a la ley del Consejo de la Magistratura, estaríamos aprobando un verdadero retroceso democrático. El dictamen que hoy propone la mayoría no implica para nada un retroceso democrático o una grosería institucional incalificable, como aquí se dijo. Es el producto de un trabajo arduo coordinado por el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Gil Lavedra –de quien destacamos su labor‑, que contó con la disposición de una inmensa cantidad de bloques a ceder posiciones particulares para lograr un dictamen común y una reforma amplia.

Hace unos meses, muchos creían que sólo reformaríamos el artículo 2º, que es el referido a la composición del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, estamos frente a una reforma amplia y profunda. Por eso invito a todos a que la lean, porque si bien puede haber alguna cuestión por mejorar –como aquí lo señaló la señora diputada Ibarra, y estamos trabajando en eso‑, se trata de una reforma importante que probablemente dure mucho tiempo. En lo personal, espero que así sea.

Por todo lo expresado, anticipo el voto afirmativo del Bloque del PRO al dictamen de mayoría. (Aplausos.)

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