viernes, 11 de abril de 2014

Asegurar los beneficios de la libertad: protestar y circular

Días después de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo escribí esta columna de opinión y quedó en mi archivo. Lo hice antes de que se sucedieran una serie de linchamientos abonando el camino de la no ley y el desorden, la des-civilización, el abandono estatal y la consecuente (y razonable) sensación ciudadana de desprotección.

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Hace pocos días un joven discapacitado fue arrojado del Puente Avellaneda. Manifestantes no le permitieron atravesar una protesta luego de que implorara por su embarazada esposa a quien trasladaba por una urgencia al hospital. Además, la pareja fue robada. Esta situación digna del Estado de Naturaleza descrito por Thomas Hobbes en “Leviatán”, merece mayor reflexión y acción por parte de un Estado fugado.

Un viernes a media mañana los sindicatos que agrupan a chóferes de colectivos decidieron hacer una huelga sorpresiva en protesta por el asesinato - que todos repudiamos -, de un colega, ocurrido esa madrugada. Según se revela en “Buenos Aires Megaciudad: Una metrópolis sin fronteras”, un exhaustivo estudio del Gobierno de la Ciudad, el 40 % de los que viajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) lo hacen en colectivo. Son 11 millones de viajes por día. Ese viernes millones de personas padecieron una odisea para retornar a sus hogares o ir a sus trabajos: colas eternas, horas interminables y gastos inesperados por la contratación de servicios de remises o taxis.

¿Hay derecho? A peticionar, sí. A hacer huelga, sí. A circular libremente para ir al trabajo, a la casa, al hospital y a la escuela, también. Sin embargo, ningún derecho es más importante que los demás.

Todos estos derechos conviven en igualdad en el artículo 14 de la Constitución la que nos asegura los beneficios de la libertad para todos y cada uno de los que habitamos este suelo.

La libertad no es infinita. Sus límites están impuestos por las libertades de otros. Ese entramado de derechos y obligaciones se cristaliza en normas morales, jurídicas y también sociales.

Para que el hombre deje de ser “lobo del hombre”, inventamos las leyes, los contratos y al Estado como estructura racional-legal para hacerlos cumplir. Todo este entramado de reglas tiene por objeto proteger a las personas del abuso por parte de otros pares y también del propio Estado hacia ellas.

Las sociedades que eligen vivir bajo la ley y el Estado de derecho son más pacíficas, igualitarias y avanzadas. La ley y su cumplimiento a rajatabla consagra la libertad en una sociedad democrática y abierta. Algunos dirán simpáticamente que vivir en Suiza es aburrido, y hasta podría aceptarlo, pero seguramente es más saludable, seguro y productivo.

Toneladas de papel y tinta se han usado para imprimir durante siglos panfletos, ensayos, teorías e investigaciones que prueban que una sociedad es libre cuando se ajusta a las leyes y al Estado de Derecho generando así más posibilidades para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

La regulación de la protesta no significa restringir o cercenar. El desafío radica en conciliar libertades para que todos y cada uno podamos gozar de ellas sin inconvenientes. Nuestra Corte Suprema tiene dicho en numerosos fallos que no existen los derechos absolutos y que todos deben regularse en vistas de su armonización. Es factible y deseable que mientras unos peticionan a las autoridades, otros puedan viajar en transporte público a su trabajo, escuela, o casa, sin problemas.

La libertad de circulación está regulada. ¿Alguien se atrevería a decir que está cercenada cuando estamos obligados a detener la marcha frente a la luz roja de un semáforo, o, por la exigencia legal de la licencia para conducir? Entonces, ¿por qué no regular la protesta?

El derecho de unos no es superior al de otros. No existe causa alguna que justifique el cercenamiento de una libertad mientras otros disfrutan de la suya. Los conflictos existen, existieron y existirán. Construimos reglas e instituciones para canalizarlos, evitar el caos y defender la libertad.

En Nueva York, existe una regulación precisa para la realización de protestas y marchas. Se debe pedir permiso a las autoridades dependiendo del tipo y el tamaño de la protesta. Una manifestación de más de veinte personas en un parque, el uso de equipos de sonido amplificado, o la marcha sobre las calles - sólo en casos excepcionales se cortan totalmente -, deben obtener la autorización correspondiente. No se puede bloquear totalmente la acera, ni la calle, ni las entradas de edificios. Los permisos son indispensables y deben gestionarse ante la policía con algunos días de antelación. Todas las protestas están programadas: así cada persona que no participe de ella puede tomar sus recaudos y previsiones.

Decenas de países democráticos prevén este tipo de regulaciones para armonizar derechos que no son absolutos. Nuestra legislación y jurisprudencia también lo tiene en cuenta. En algún momento, alguien decidió que el Estado avalase - por acción o por omisión-, cortes de calles y rutas, tomas del espacio público y otros dramas disfrazados de un pseudo “romanticismo progresista”.

La ley y el orden es mucho más que el título de una exitosa serie televisiva. Es la base de nuestro contrato social democrático y republicano. La mirada “compasiva”, la inacción estatal o la falta de castigo frente a violaciones de las normas no construyen una sociedad más justa. Generan anomia y un terreno perfecto para “la tiranía de cualquier guisa”, diría Ralph Dahrendorf. Estemos atentos porque el riesgo es alto.

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(Escrita antes de linchamientos y hechos más recientes).

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